El intervencionismo es tema principal en foros de opinión pública desde que Castillo llego a la presidencia. El modelo de Estado que propone Perú Libre durante su estancia en el poder y con el cual buscará mejorar la calidad de vida de los más pobres, está relacionado estrechamente al Estado de Bienestar, sistema político que le da facultad legal al Gobierno de intervenir y regular la administración, economía y sociedad a la medida del pueblo.
El intento fallido de nacionalizar la empresa de gas Camisea para ponerla al servicio del los peruanos o la idea de controlar los precios de los productos de primera necesidad interpuesta por una congresista de Perú Libre, son ejemplo de propuestas que fueron denegadas por el conflicto político entre el Legislativo y el Ejecutivo. A pesar de ello, las intenciones siguen vigentes. Aún no se han concretado todos los planes presentados en la etapa electoral.
Aunque en el plan de gobierno no figura hacer cambios respecto a terrenos y departamentos, la idea no está descartada. Sabemos que la coyuntura económica que atraviesa el Perú gracias a la influencia de factores internos y externos, puso en jaque la estabilidad de un gran porcentaje de la población. Por lo que, la necesidad aumenta junto a la oferta. Los precios para adquirir lotes o viviendas crecieron minúsculamente, sin embargo, las transacciones se hacen en dólares tipo de cambio volátil en los últimos días.
Si el Estado presidido por Pedro Castillo plantea intervenir en materia de precios inmobiliarias, posiblemente acabe mal. Cuanto un producto se vuelve accesible, la demanda aumenta, pero la oferta decrece al igual que la calidad. En consecuencia, la producción decae perjudicando los dos factores mencionados anteriormente.
Lo mismo ocurriría con los departamentos. Las personas adquirirían fácilmente los lotes. En un momento esto traería bonanza. No obstante, cuanta más demanda haya, la construcción de nuevos lotes sin pasar por las pruebas necesarias de calidad degeneraría el mercado, volviendo defectuoso a los edificios, quebrando a la empresa constructora.
España le quiere dar la mano a los necesitados
La gran coalición parlamentaria española planteó la creación de una ley estatal que regule el precio normal de los departamentos según factores determinados. La balanza financiera se inclinaría a favor de los menos afortunados que tienen problemas a la hora de comprar un terreno a metros cuadrados en dólares o euros.
La idea nace a partir de la crisis que miles de españoles están sufriendo, gracias al endeudamiento que la pandemia esta dejando, sumado al déspota actuar de los bancos y sus grandes tasas de interés.
Parte legal de la nueva norma busca “congelar precios e incentivos fiscales”. Es decir, la ley no les obligará a pagar los precios del alquiler, pero contarán con importantes incentivos que ayudarán a contenerlos. Esto se traduce en bonificaciones de hasta el 90% en el IPRF, a propuesta del PSOE, por bajar el precio o rehabilitar la vivienda, entre otras opciones.
En concreto, habrá control de precios siguiendo los índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado y dependerá de las Comunidades Autónomas.
Las principales medidas que el gobierno quiere establecer son:
- Reducción de exenciones fiscales a grandes tenedores
- Ayuda a los jóvenes por medio de bonos
- Penalizaciones por viviendas vacías
- Establecimiento de reservas para vivienda social
Las buenas intenciones que el parlamento quiere lograr con estas propuestas no se ven reflejadas en cara al porcentaje de aprobación que recibe a la semana. La gran coalición debe desistir a la hora de aprobar leyes que posiblemente debiliten la economía nacional. Afortunadamente, estamos a tiempo para cambiar las cosas y no vivir sus injerencias.